En un acuerdo que se remonta a los pactos para investir a Salvador Illa como president de la Generalitat, los comunes y el Govern han cerrado este lunes los detalles del régimen sancionador para quienes no cumplan con la regulación de los precios del alquiler o hagan un uso fraudulento del alquiler de temporada (utilizando esta fórmula precisamente para esquivar el límite de precio). Las multas se incluirán en la Ley del Derecho a la Vivienda de 2007 y en el Código de Consumo de Cataluña y tendrán cuantías que pueden llegar hasta 900.000 euros y, en casos excepcionales, de un millón de euros.
