La acumulación de iniciativas y decisiones judiciales que golpean al Gobierno y sus aledaños es verdaderamente extraordinaria. Hasta ahora la resistencia judicial al Ejecutivo se había limitado a las leyes que se iban aprobando. El Tribunal Supremo, por ejemplo, ha retorcido el derecho hasta límites insospechados con tal de boicotear la aplicación de la ley de amnistía. A este tipo de maniobras de apariencia jurídica y motivación política ya nos habíamos acostumbrado. Pero ahora nos encontramos en una fase distinta, en la que la fuerza de la ley se dirige contra personas concretas, haciendo las delicias de la prensa más rabiosamente antisanchista.
