Nunca, los derechos de ningún colectivo tan minoritario y tan vulnerable como lo son el de las personas trans y de las personas queer se habían visto en medio de tanta polémica dentro de la línea política que, a priori, es garante de esos derechos. Pero desde hace ya varios años, es lo que ha generado debate, tensión y rechazo tanto dentro del PSOE, como en las dos coaliciones que se han sucedido desde 2021 —primero, con Unidas Podemos, ahora, con Sumar—, en el propio colectivo LGTBIQ+ y en el movimiento feminista. De un lado, el espacio mayoritario, quienes recuerdan que las mujeres trans son mujeres, que sus derechos son derechos humanos, y que la defensa de esos derechos debe acrecentarse cuanto más vulnerables sean los colectivos; y por otro, la franja política que desde que comenzó a tramitarse la llamada ley trans ha sido contraria a esa norma. Aunque esa ley ya entró en vigor y la conversación pública parecía haberse rebajado, el último Congreso socialista, este fin de semana en Sevilla, la ha reabierto. En la ponencia se ha introducido una enmienda presentada por la delegación de Guadalajara para que “ninguna persona de sexo masculino pueda participar en las categorías destinadas a mujeres”, y la nomenclatura para el colectivo se ha acordado como LGTBI, sin la Q, y sin el +.
